La Plata, jul 27 (DIB/AMPLIACI??N).- Los gremios que integran
el Frente de Unidad Docente (FUDB) anunciarán mañana si acatan o no la
conciliación obligatoria que dictó hoy el gobierno bonaerense para evitar un
paro de 72 horas desde el lunes, y ya resolvieron ir a la Justicia para
impugnar la medida.
Los gremios Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop realizaron
esta tarde asambleas para relevar la opinión de los docentes y resolver si
acatar o no la orden del Gobierno, que suspende las medidas de fuerza previstas
y abre una nueva instancia de negociación.
Con el resultado de estas consultas, cada gremio realizará
mañana por la mañana sus plenarios de delegados, y se espera que al mediodía se
reúnan los secretarios generales que integran el FUDB para definir una
respuesta unificada.
Fuentes gremiales indicaron a DIB que el escenario “está
abierto”, pero advirtieron que entre las bases “hay mucha bronca acumulada” por
la prolongación del conflicto salarial.
Como viene informando DIB, los gremios del FUDB lanzaron el
jueves un paro de 72 horas a partir del lunes (día en que deben reiniciarse las
clases tras el receso invernal), luego de rechazar a principios de esta semana
un aumento salarial del 15% a julio, junto con un 1,7% extra para material
didáctico.
Durante la paritaria, los sindicatos pidieron un cuarto
intermedio para realizar un nuevo encuentro el jueves, pero el Gobierno se negó
al alegar que la propuesta era “superadora” de las anteriores, y no podía
modificarse en ese plazo de tiempo. Finalmente, tras la confirmación de las
medidas de fuerza, el Ejecutivo resolvió hoy dictar la conciliación obligatoria
para evitar la medida.
Cautelar
Al margen de las asambleas con afiliados, los gremios
resolvieron impugnar la conciliación ante la Justicia, al sostener que es una
medida “inconstitucional” por ser el ministerio de Trabajo provincial “juez y
parte” de las negociaciones.
Aunque aún no estaba definida la estrategia, es probable que
los sindicatos presenten una medida cautelar ante el fuero contencioso
administrativo, pidieron la suspensión del acto por considerarlo
inconstitucional. El argumento es que la Provincia no cumplió aun con el
mandato constitucional de crear un organismo imparcial para resolver los
diferendos entre el Estado y sus empleados. (DIB) AL/JG
