La Plata, jun 8 (DIB).- El fiscal Marcos Pagella pidió hoy
quince años de prisión para un funcionario al que consideró como jefe de una
asociación ilícita dedicada a la “venta” de licencias de conducir
truchas en Mar del Plata, en la misma causa en la que reclamó tres años de cárcel
en suspenso para el actor Federico Bal, acusado de haber tramitado uno de los
registros irregulares.
Los quince años de cárcel fueron reclamados para Juan Carlos
Belmonte, principal acusado y quien estaba a cargo del área que emitía los
registros.
Para otros nueve acusados, el fiscal solicitó condenas que
van desde los cinco hasta los 12 años de cárcel.
Tras dos jornadas de alegato ante el Tribunal Oral Federal
N°2, integrado por los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone, el
fiscal pidió para Belmonte 15 años de prisión e “inhabilitación para
desempeñar cargos en la función pública”, al considerarlo jefe de la
asociación ilícita, coautor del delito de incumplimiento de los deberes de
funcionario público y coautor de cohecho pasivo.
El fiscal acusó a los otros funcionarios municipales de
coautores de asociación ilícita, falsificación de documento público e
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se trata de Alberto Carlos Zelaschi, para quien pidió 12
años, Viviana Beatriz Pared (9 años), Fernando Peña y Luis Alberto Belmonet (8
años), Leda Raquel Araya (7 años y medio), Sabrina Soria, Verónica Noemí
Benedetti y Raul Ernesto Hernandez (6 años), y Ester Bonifini, (5 años).
La banda vendió más de 15 mil registros de conducir ilegales,
según estimaron fuentes judiciales. Por día, la organización tramitaba entre 50
y 70 carnets apócrifos y cada integrante de la asociación ilícita facturaba -en
promedio- hasta 17 mil pesos por semana.
De acuerdo a lo que determinó la justicia, los registros se
vendían a 600 pesos cada uno, pero si se trataba de licencias de conducir
profesionales, como colectiveros o taxistas, el monto podía ascender a 800
pesos.
Pero los registros más caros -se cobraban 3 mil pesos cada
uno- era para quienes tenían problemas de salud y no habían aprobado el examen
médico. “También se aprovechaban de los ancianos: les cobraban entre $
1.500 y $ 2.000”, dijeron fuentes judiciales. Uno de los imputados confesó
que se compró una casa con la plata de las coimas.
En 2014, en el marco de una investigación que lleva adelante
el Ministerio Público Fiscal por la impresión y entrega de licencias de
conducir apócrifas, efectivos de Prefectura allanaron las oficinas del distrito
Descentralizado El Gaucho, donde además fueron detenidas 25 personas. (DIB)
