La Plata, jun 16 (Por Por Andrés Lavaselli).- La gobernadora María
Eugenia Vidal se sumió en la última semana en una batalla crucial: evitar que,
en el marco del ajuste por el acuerdo con el FMI, el presidente Mauricio Macri
traspase a la órbita provincial de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos
SA, cuyo déficit sería una carga inesperada para las cuentas bonaerenses. Y en
pos de ese objetivo desplegó una agenda de contactos subterráneos con intendentes
del conurbano a los que quiere sumar como aliados, lo que al mismo tiempo
adelanta los tiempos de otras negociaciones clave.
El traspaso de AYSA ???o de su administración, lo que para el caso
es lo mismo- le costaría a la provincia, por lo menos, 15 mil millones de pesos,
según cálculos del gobierno Bonaerense.
El impacto de la cifra puede medirse de varias maneras, pero cerca de la
gobernadora eligen dos: tornaría imposible la meta de llegar al final de 2019
sin déficit y licuaría el efecto de la recuperación del financiamiento que la provincia había perdido cuando se puso un
techo al llamado fondo del conurbano.
Por eso, la gobernadora tomó como una tarea personal evitar que
eso suceda. Es un objetivo complejo, dicen los encargados de seguir de cerca las
negociaciones abiertas con Nación para distribuir el costo del ajuste que exige
el FMI en la provincia. “Macri ve con buenos ojos la medida”, explican. De ahí
que Vidal se haya reunido esta semana, de manera reservada y fuera de la agenda
pública de vistas a distritos, con varios intendentes peronistas del Conurbano,
para sumarlos a su resistencia.
La gobernadora, cuentan, desplegó un doble argumento en esos encuentros:
pidió ayuda pero al mismo tiempo advirtió que si la ecuación financiera de la
provincia se deteriora, el impacto también llegará a los distritos. También les
recordó a los alcaldes ???todos enrolados en el sector “dialoguista”- que fue el
gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, quien le sugirió la medida a
Macri. Una manera sutil de advertir que son varios los resortes que los
alcaldes pueden accionar para colaborar en la cruzada.
La cuestión aún no está definida, porque tampoco lo está cuál va a
ser el costo exacto de la porción del ajuste que recaerá sobre la provincia. No
hay precisiones finales sobre la merma en pobra pública, ni tampoco si las
distribuidoras eléctricas Edelap y Edesur serán transferidas, algo que no
preocupa tanto en La Plata. Es finalmente una incógnita si las modificaciones
en el sistema jubilatorio que podrían impulsarse a nivel nacional tendrán un
correlato provincial.
Mientras eso se define, Vidal busca avanzar con los recortes que
considera posibles. Puso en marcha un esquema de retiros voluntarios del
Estado, con la expectativa “de máxima” de que 27 mil empleados públicos dejen
sus puestos. Aunque la cifra pueda resultar algo “optimista” en vista de los
pagos que se plantean a cambio, la medida obliga, otra vez, a mirar a la caja
de jubilaciones de los estatales, que vería reducidos sus aportes, y hasta a la
obra social IOMA, que tendría que financiar la continuidad de las prestaciones
durante dos años.
En la misma línea, ya dio la orden de que el Senado vote en su
próxima sesión la quita de subsidios a la actividad hípica, que totalizan $
1.000 millones anuales. Como ocurrió con las tarifas, es probable que la cámara
Alta avance. Pero el proyecto difícilmente pueda obtener su sanción en
Diputados si antes la gobernadora no hace alguna concesión para que lo vote la
oposición. Hasta sus negociadores se lo han advertido (le piden que los
habilite a un esquema de baja de aportes prorrateados en dos años), aunque ella
hasta ahora sigue firme.
Esa no es la única conversación abierta en la cámara Baja, que es
donde se expresan los acuerdos entre Vidal y la oposición peronista. Ya hace
una semana, el sector de intendentes “dialoguistas” le advirtió que no aceptará
puestos en el Tribunal de Cuentas o el Directorio del Banco Provincia como
moneda de cambio para respaldar el Presupuesto o seguir comportándose como
interlocutor razonable en tiempos de ajustes.
Ahora, el massismo avanzó un paso más. Deslizó que para terminar
de volver a ponerse el traje de aliado estratégico, quiere avanzar en el
proyecto que le da a los intendentes la posibilidad de separar su elección de
la de presidente, gobernador, legisladores. La idea es dar a los alcaldes renovadores
la chance de blindarse en sus distritos ante un el “arrastre” que supondría un
repunte electoral de Vidal. Y, de paso,
otorgar a los dialoguistas una llave para aislarse de las presiones de una
interna en la que juegue Cristina Kirchner, que mide muy bien en sus distritos
y podría obligarlos a ir en su boleta.
En el gobierno, en principio, rechazan la idea. Y no se sabe qué
posición podrían tomar los intendentes del peronismo “dialoguista”. Pero ya
está claro que se van conociendo los términos de la negociación. (DIB)La Plata, jun 16 (Por Por Andrés Lavaselli).- La gobernadora María
Eugenia Vidal se sumió en la última semana en una batalla crucial: evitar que,
en el marco del ajuste por el acuerdo con el FMI, el presidente Mauricio Macri
traspase a la órbita provincial de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos
SA, cuyo déficit sería una carga inesperada para las cuentas bonaerenses. Y en
pos de ese objetivo desplegó una agenda de contactos subterráneos con intendentes
del conurbano a los que quiere sumar como aliados, lo que al mismo tiempo
adelanta los tiempos de otras negociaciones clave.
El traspaso de AYSA ???o de su administración, lo que para el caso
es lo mismo- le costaría a la provincia, por lo menos, 15 mil millones de pesos,
según cálculos del gobierno Bonaerense.
El impacto de la cifra puede medirse de varias maneras, pero cerca de la
gobernadora eligen dos: tornaría imposible la meta de llegar al final de 2019
sin déficit y licuaría el efecto de la recuperación del financiamiento que la provincia había perdido cuando se puso un
techo al llamado fondo del conurbano.
Por eso, la gobernadora tomó como una tarea personal evitar que
eso suceda. Es un objetivo complejo, dicen los encargados de seguir de cerca las
negociaciones abiertas con Nación para distribuir el costo del ajuste que exige
el FMI en la provincia. “Macri ve con buenos ojos la medida”, explican. De ahí
que Vidal se haya reunido esta semana, de manera reservada y fuera de la agenda
pública de vistas a distritos, con varios intendentes peronistas del Conurbano,
para sumarlos a su resistencia.
La gobernadora, cuentan, desplegó un doble argumento en esos encuentros:
pidió ayuda pero al mismo tiempo advirtió que si la ecuación financiera de la
provincia se deteriora, el impacto también llegará a los distritos. También les
recordó a los alcaldes ???todos enrolados en el sector “dialoguista”- que fue el
gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, quien le sugirió la medida a
Macri. Una manera sutil de advertir que son varios los resortes que los
alcaldes pueden accionar para colaborar en la cruzada.
La cuestión aún no está definida, porque tampoco lo está cuál va a
ser el costo exacto de la porción del ajuste que recaerá sobre la provincia. No
hay precisiones finales sobre la merma en pobra pública, ni tampoco si las
distribuidoras eléctricas Edelap y Edesur serán transferidas, algo que no
preocupa tanto en La Plata. Es finalmente una incógnita si las modificaciones
en el sistema jubilatorio que podrían impulsarse a nivel nacional tendrán un
correlato provincial.
Mientras eso se define, Vidal busca avanzar con los recortes que
considera posibles. Puso en marcha un esquema de retiros voluntarios del
Estado, con la expectativa “de máxima” de que 27 mil empleados públicos dejen
sus puestos. Aunque la cifra pueda resultar algo “optimista” en vista de los
pagos que se plantean a cambio, la medida obliga, otra vez, a mirar a la caja
de jubilaciones de los estatales, que vería reducidos sus aportes, y hasta a la
obra social IOMA, que tendría que financiar la continuidad de las prestaciones
durante dos años.
En la misma línea, ya dio la orden de que el Senado vote en su
próxima sesión la quita de subsidios a la actividad hípica, que totalizan $
1.000 millones anuales. Como ocurrió con las tarifas, es probable que la cámara
Alta avance. Pero el proyecto difícilmente pueda obtener su sanción en
Diputados si antes la gobernadora no hace alguna concesión para que lo vote la
oposición. Hasta sus negociadores se lo han advertido (le piden que los
habilite a un esquema de baja de aportes prorrateados en dos años), aunque ella
hasta ahora sigue firme.
Esa no es la única conversación abierta en la cámara Baja, que es
donde se expresan los acuerdos entre Vidal y la oposición peronista. Ya hace
una semana, el sector de intendentes “dialoguistas” le advirtió que no aceptará
puestos en el Tribunal de Cuentas o el Directorio del Banco Provincia como
moneda de cambio para respaldar el Presupuesto o seguir comportándose como
interlocutor razonable en tiempos de ajustes.
Ahora, el massismo avanzó un paso más. Deslizó que para terminar
de volver a ponerse el traje de aliado estratégico, quiere avanzar en el
proyecto que le da a los intendentes la posibilidad de separar su elección de
la de presidente, gobernador, legisladores. La idea es dar a los alcaldes renovadores
la chance de blindarse en sus distritos ante un el “arrastre” que supondría un
repunte electoral de Vidal. Y, de paso,
otorgar a los dialoguistas una llave para aislarse de las presiones de una
interna en la que juegue Cristina Kirchner, que mide muy bien en sus distritos
y podría obligarlos a ir en su boleta.
En el gobierno, en principio, rechazan la idea. Y no se sabe qué
posición podrían tomar los intendentes del peronismo “dialoguista”. Pero ya
está claro que se van conociendo los términos de la negociación. (DIB)