La Plata, jun 7 (DIB).- La Corte Suprema de Justicia de la
Nación ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que
informe en un plazo de 10 días la nómina de las empresas industriales o de
servicios que integran actualmente la lista de agentes contaminantes de esa
cuenca fluvial.
El máximo tribunal dispuso, además, que la Acumar le informe
el listado de empresas sujetas a un control ambiental diferenciado, las que se
consideran de mayor relevancia y las que revisten complejidad en ese aspecto,
de acuerdo al aporte que hacen a la contaminación de esos ríos.
Así lo resolvió en el expediente “Mendoza, Beatriz Silvia y
otros contra el Estado Nacional y otros” por los daños y perjuicios derivados
de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, con la firma del
presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos
Maqueda y Horacio Rosatti.
La Corte ordenó informes actualizados para seguir el trámite
de la demanda
porque, justificó, “la situación de las industrias radicadas
en la Cuenca se ha modificado desde que se inició la causa” en 2004.
Según la Corte hubo “fusión, compra o erradicación de las
industrial emplazadas originariamente en el territorio” e, incluso “sucesivos
cambios en la nómina de las industrias calificadas como agentes contaminantes”
como de políticas de control y fiscalización por parte de la Acumar.
La Corte tomó las medidas debidos a “las características
típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de esta causa y la
necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el tribunal de encausar su
tramitación mediante un procedimiento útil y eficiente que no frustre ni
distorsione los ingentes intereses comprometidos”.
Además de los habitantes ribereños de ésta capital, la
cuenca afecta a millones de vecinos de 14 municipios bonaerenses.
Como algunos de los demandados, entre los que figuran los
Estados nacional, bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, petroleras,
frigoríficos y curtiembres, plantearon que habían sido objeto de reclamos
similares en otras jurisdicciones, la Corte requirió copias certificadas del
expediente “Cicero, María c/Antiveros SA s/daños y perjuicios”, en trámite
en Lomas de Zamora. (DIB)