La Plata, jun 30 (DIB).- El intendente de Pinamar, Martín
Yeza (Cambiemos) fue imputado por presunta malversación de caudales públicos a
raíz del manejo de fondos de origen nacional que debían ser destinado a una
obra en la ciudad que no se realizó.
Yeza fue imputado por la fiscal federal Paloma Ochoa a raíz
de una denuncia presentada por el concejal pinamarense Gregorio Estanga y el
diputado nacional Rodolfo Tailhade ?ambos del kirchnerismo- a través de la cual
buscan determinar el destino de los fondos girados por el tesoro nacional para
realizar una obra en la ciudad que aún
no se terminó.
“Las obras del centro de la ciudad de Pinamar no están”,
señaló la denuncia que recayó a la jueza María Servini de Cubría, por lo que
los denunciantes concluyeron que hubo un “desvío” de dinero público. Lo
presupuestado fue $33.925.024.
Ese dinero estaba destinado a la construcción de “Centralidad Pinamar” una
obra en la céntrica avenida Bunge que tenía por finalidad revitalizar la playa
pública local y había sido licitada, el 26 de julio de 2017, por el ministerio
del Interior en el marco del Plan de Renovación Urbana que desarrolla la
cartera conducida por Rogelio Frigerio.
Para realizar los trabajos fue designada la constructora
Ashoka y la denuncia apunta a que las obras no sólo no concluyeron en la fecha
pautada en el contrato sino que aún continúan en ejecución.
“Denota todavía más gravedad de la situación ya que, además
de haber gastado más de la mitad de lo que se presupuestó y se informó al
Ministerio del Interior, se incurrió en altos niveles de incompetencia que
generaron una demora inaudita para la clase de intervención urbana que
ejecutaban”, indicaron los denunciantes.
En la denuncia se mencionó también, “la facilidad con la que
la firma Ashoka Construcciones S.A, a pesar de sus evidentes atrasos, pudo
cobrar lo que no hacía”, habría permitido según los denunciantes que al 22 de
diciembre llevara cobrado a esa altura 25.323.745 millones de pesos de los
33.5858.235,03 por los que se le adjudicó la obra”.
En tanto que resaltaron que “las irregularidades se repiten
de manera sistemática indicando una evidente adulteración de los conceptos y
contenidos de los certificados, todo ello con la evidente complicidad de
funcionarios municipales, cuya intervención era imprescindible para la
liberación de los fondos”. (DIB)