Tarifas: cuáles son los impuestos que enfrentan a Vidal con los intendentes del PJ

La Plata, may 31 (DIB).- La Legislatura bonaerense ingresará
en las próximas horas en una etapa de definiciones en torno a la quita
impositiva en las tarifas de luz y agua, que impacta de lleno en las cuentas
municipales.

Como viene informando DIB, el proyecto enviado por la
gobernadora María Eugenia Vidal dispone la reducción a prácticamente 0 de dos
tributos cuya recaudación es cobrada directamente por los municipios.

Los intendentes del peronismo se oponen a la medida, y ayer
pidieron a sus legisladores que rechacen la iniciativa que ya fue aprobada en
el Senado. Cambiemos, por su parte, espera poder tratar el tema el jueves de la
próxima semana, pero aún no cuenta con los votos para conformar mayoría y
buscan aliados en sectores minoritarios del PJ.

En medio de las tensiones legislativas están en juego unos $
1.300 millones anuales que reciben las comunas. Pero ¿qué significan
concretamente y cuál es el impacto real de estos dos impuestos?

Uno de los dos artículos de la discordia es el 72 ter de la
ley 11.769, que dispone una contribución del 6%, trasladable al usuario y
sustitutiva de cualquier tasa municipal, cuya recaudación debe ser abonada a la
comuna por las empresas que prestan servicio en su territorio.

Esto significa que las intendencias no pueden cobrarles a
las empresas eléctricas ningún otro tipo de contribución local, tal como lo
hacen con otras firmas que pagan la tasa de Seguridad e Higiene y distintos
servicios de habilitación y funcionamiento.

El foco del conflicto reside en un detalle: el proyecto
oficial no elimina el impuesto, sino que lo reduce al 0,01%. Esto hace que a
las comunas se les reduzca la recaudación prácticamente a 0, pero se mantiene
la prohibición para cobrar cualquier tipo de tasa.

Esta es la principal preocupación de los intendentes, y se
refleja en algunos proyectos legislativos que exigen directamente eliminar el
tributo para permitir que los municipios se vean en libertad de cobrarles las
tasas locales a las empresas, evitando perder recaudación.

Otro impuesto que es discutido por la ley que envió Vidal es
el que grava en un 3,1% los consumos de agua y cloacas, y cuya recaudación
también es destinada a los municipios. Al igual que con la luz, la iniciativa
sustituye las cargas municipales que podrían caberles a las empresas
prestadoras, por lo que su no eliminación también les impide a las comunas
avanzar en ese sentido.

 

Los que ya no son

La Legislatura sí aprobó la quita de un 0,6% (convertido en
un 0,01%) a la factura de la luz, cuyos ingresos eran recaudados por la
Provincia y eran sustitutivos de cualquier impuesto del Estado bonaerense sobre
las empresas: en otras palabras, este tributo reemplazaba Ingresos Brutos,
Sellos y las patentes que debían pagar las empresas.

A fines de abril, la gobernadora anunció la eliminación por
la vía del decreto de varios impuestos provinciales en las tarifas de
servicios. Lo hizo en aquellos impuestos que habían sido establecidos por esa
vía: el resto (los dos que se discuten actualmente en Diputados) debió
enviarlos a la Legislatura.

La mandataria reaccionó a un pedido del presidente Mauricio
Macri, quien en medio del creciente malestar por el aumento de tarifas les
reclamó a las provincias que eliminen los impuestos sobre los servicios.

La rebaja aplicada por la gobernadora equivale a una
reducción del 10,4% en electricidad, un 6,3% en gas y un 3,1% en agua. Si se
aprobara la ley que envió a la Legislatura habría un descuento extra del 5,3%
en la luz y un 3,1% en el agua.

Concretamente, Vidal eliminó los decretos ley 7.290 (que
establecía un gravamen del 10%), el 9.038 (del 5,5%), que afectaban a la luz, y
también dos gravámenes sobre el gas (con un peso del 6,3% sobre la factura) y
el agua (un 3,1% complementario al que debate la Legislatura, que era recaudado
por la Provincia).

Sigue en vigencia un artículo de la Ley 11.769, que
establece un fondo de compensaciones tarifarias con el propósito de auxiliar a
usuarios de zonas en donde los costos de transporte son mayores. El tributo no
puede superar el 8% del importe total a facturar a cada usuario. (DIB) JG