La Plata, may 1 (DIB).- El exgobernador bonaerense Daniel
Scioli, su ministro de Salud, Alejandro Collia, y varios funcionarios de esa área,
deberán declarar esta semana en el marco de una causa que investiga presuntas
irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA24),
por las que se pagaron 189 millones de pesos.
El exgobernador y actual diputado nacional deberá comparecer
ante el fiscal Álvaro Garganta el próximo jueves. Pero antes, mañana será
indagado Collia, quien actualmente se desempeña como secretario de Salud del
municipio de La Matanza.
Ambos son acusados de los delitos de “negociación
incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de
influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público”, en una
causa iniciada por una denuncia de Elisa Carrió, en la que también están
comprometidos otros cuatro exfuncionarios bonaerenses y el empresario Ricardo
Estanislao Miller, acusado de ser partícipe necesario.
En concreto, Garganta puso la lupa sobre la construcción de
ocho UPAs ubicadas en Almirante Brown, Lezama, Hurlingham, José C. Paz, Moreno,
tres de Febrero, Mar del Plata, Zárate y Los Hornos.
De acuerdo a la resolución, existen “indicios
vehementes” que entre los años 2011 y 2015, Collia, influido por Scioli,
adjudicó de manera irregular la realización de nueve obras públicas por más de
117 millones de pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades de
Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la
empresa Miller Building International S.A.
Según la denuncia, esa empresa le compró terrenos a Scioli
(quien operó con la firma Capanone S.A.) por 3,8 millones de dólares, un valor
que, siempre de acuerdo a la presentación judicial, sería muy superior al de
mercado. La hipótesis, en ese marco, es que allí podría haber existido un
“retorno” por la licitación de las UPAs.
El fiscal cuestionó “la relación personal y
comercial” que el entonces gobernador mantenía con el presidente y
accionista mayoritario de la empresa, y además, “por las dádivas que el
primer mandatario percibía de éste por su rol”.
Por este mismo motivo, durante este mes el fiscal Garganta indagará
ademas a Gerardo Pérez, ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de
Salud, Ana Beatriz Priolo, quien fue directora general de Administración, y a
Matías Alcalde, quien estuvo cargo de la dirección de Contabilidad.
Garganta investiga también a Scioli por presunto lavado de
activos y delitos contra la Administración Pública en la jefatura de Gabinete,
Aguas Bonaerenses, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la estatal
Astillero Río Santiago, Loterías y Casinos y con el alquiler de aviones que
fueron usados en la campaña electoral de 2015. (DIB)
