La Plata, may 3 (DIB).- El exgobernador y actual diputado
nacional, Daniel Scioli, presentó hoy una declaración por escrito y se defendió
de las acusaciones en el marco de la causa en la que se lo investiga por
presuntas irregularidades en la construcción de ocho Unidades de Pronta
Atención (UPA24) durante su gestión.
“Todas las contrataciones durante mi gestión se realizaron
en el marco de la normativa vigente”, señaló Scioli en el escrito que presentó
hoy en los tribunales platenses, al igual que lo hizo ayer su ministro de Salud, Alejandro Collia, también imputado en la causa que investiga el fiscal
Álvaro Garganta.
“No es cierto que se haya alterado el procedimiento
administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para
beneficiar a un proveedor determinado”, agregó el exmandatario bonaerense.
Fue la primera vez que Scioli declara en el marco de una
indagatoria, acusado por irregularidades en su gestión. En concreto, a raíz de
una denuncia de Elisa Carrió, el fiscal Garganta puso la lupa sobre la
construcción de ocho UPAs ubicadas en Almirante Brown, Lezama, Hurlingham, José
C. Paz, Moreno, tres de Febrero, Mar del Plata, Zárate y Los Hornos para las
que se destinaron 117 millones de pesos.
Scioli sostuvo que “es totalmente falsa mi supuesta relación
especial con uno de los proveedores”, en relación a la empresa Miller Building
International S.A., que de acuerdo en la denuncia figura como la beneficiada en
las licitaciones. Y detalló: “Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las
obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y
según la ley aplicable a cada caso”.
Según la denuncia, esa empresa le compró terrenos a Scioli
(quien operó con la firma Capanone S.A.) por 3,8 millones de dólares, un valor
que, siempre de acuerdo a la presentación judicial, sería muy superior al de
mercado. La hipótesis, en ese marco, es que allí podría haber existido un
“retorno” por la licitación de las UPAs.
En ese sentido, señaló que “la imputación mencionada tienen
origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía
(ni cuya administración integraba) con una persona especializada en
organización de eventos, y luego con una sociedad”. Y agregó: “Ninguna de ellas
proveedoras del gobierno provincial. Con respecto a la venta también mencionada
en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era gobernador, a valor
de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha
operación”.
Asimismo, desmintió haber utilizado el helicóptero del
proveedor durante su periodo como gobernador, como se le imputa. Y agregó:
“Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona”.
Es que el fiscal cuestionó “la relación personal y
comercial” que el supuestamente mantenía con el presidente y accionista
mayoritario de la empresa, y además, “por las dádivas que el primer
mandatario percibía de éste por su rol”.
Por último, Scioli negó haber influido “jamás indebidamente
sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno”. E insistió: “Todos
los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la
Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones
Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo”.
Cabe recordar que las 17 UPA, que Scioli construyó durante
su gestión, y que fueron uno de los ejes de su campaña presidencial, fueron
creadas con el objetivo de descomprimir la demanda de atención primaria en los
hospitales, con un servicio 24 horas. (DIB) MCH
