La Plata, may 24 (DIB).- El fiscal federal Jorge Di Lello se
opuso hoy a la intervención del Partido Justicialista ordenada por la jueza
María Servini de Cubría, por lo que ahora será la Cámara Nacional Electoral
quien determine si hace lugar al planteo que rechaza el nombramiento de Luis
Barrionuevo al frente del PJ.
Servini intervino el PJ el 10 de abril pasado y nombró al
frente del partido al jefe gremial de los gastronómicos, sin darle intervención
a Di Lello, que hoy opinó por primera vez en la causa. Ahora, la Cámara
Electoral -integrada por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera-
decidirá si confirma o no la intervención.
En un dictamen de 26 páginas, el fiscal Di Lello consideró
entre otros puntos que con la intervención del PJ hubo un “atropello no
solo al derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna
democrática de esa agrupación”.
Ante la medida de Servini, los abogados que representan a
José Luis Gioja quien ejercía la presidencia del PJ reclamaron ante la Justicia
que se revoque y se “decrete la nulidad de todo lo actuado, puesto
que entienden que la decisión de intervenir el PJ ha sido arbitraria,
injustificada e ilegítima”.
En este sentido, Di Lello consideró en su dictamen que al
momento de intervenir el PJ, la jueza cometió un “atropello no solo al
derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna
democrática de esa agrupación”. Se planteó además, “inadmisible”
que no se haya corrido vista a “este Ministerio Publico Fiscal, la nula
producción de prueba, la premura con que se tomó tamaña decisión” y
consideró que todo condujo a una determinación “con ausencia de
fundamentación jurídica, a la hora de intervenir el Partido Político con
mayor cantidad de afiliados del país.
En el análisis de la situación, el fiscal electoral entendió
que se debe garantizar el libre funcionamiento a las agrupaciones políticas y
por otro, “el cumplimiento estricto del debido proceso, en consonancia con
la finalidad de asegurar la estabilidad de los poderes que ejercitan el
gobierno del partido y que gozan de presunción de legitimidad en virtud de su
carta orgánica vigente mientras no se pruebe lo contrario”.
Por ello, entendió que no se observó “ningún derecho
quebrado, ni arbitrariedad alguna que deba corregirse, ni fundamento
objetivo que dé lugar a una intervención judicial”.