La Plata, may 5 (Por Andrés Lavaselli, de la redacción de
DIB).- Aunque aún no hay certezas sobre si el gobierno nacional logró controlar
o no la crisis cambiaria, su impacto sobre el escenario político bonaerense ya puede
entreverse con bastante claridad. Se trata de un nuevo aliciente para la unidad
opositora en la misma medida en que es un obstáculo adicional para María
Eugenia Vidal, que para colmo se topó con él en una semana marcada por los errores
no forzados de su “equipo”.
Con su imagen previamente impactada por el malhumor social
derivado de la suba de las tarifas, es evidente que Vidal trató de mantenerse
lo más alejada posible del sainete del dólar. Y pese a que en su entorno creen
que se trata de un problema coyuntural que será superado, hay preocupación por algunas de las posibles
derivaciones a mediano plazo de las medidas que tomaron el Banco Central y el gabinete
de Mauricio Macri para lograrlo.
La más evidente es el recorte en la ejecución de obras
públicas para este año, que el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, cifró en
$ 30 mil millones. La traducción inmediata del gobierno bonaerense fue que ese
objetivo no puede alcanzarse sin que Buenos Aires resigne algunos proyectos a
ejecutarse en su territorio, más allá de que esa medida busca presionar a los
gobernadores peronistas para que quiten apoyo al proyecto de baja de tarifas
que se discutirá en el Congreso.
En ese plano, por ahora, a Vidal le llegaron dos certezas
desde Nación: no le “bajarán” obras ya iniciadas ni tampoco le pedirán que haga
un recorte adicional a base de su propio presupuesto. Pese a eso, la preocupación subsiste: por un motivo
evidente: ella misma ha hecho de la recomposición de la infraestructura una de
las claves diferenciadoras de su administración, herramienta central de la
batalla contra el peronismo en el Conurbano.
El listado de lo que no se va a hacer es, en ese contexto,
una clave de los meses que vienen. Por eso, será discutido en una reunión de
alto nivel entre representantes de la Nación y la Provincia esta semana.
Mientras tanto, hay otra lista que preocupó a la Gobernadora
en los últimos días: la de los “errores
no forzados” del oficialismo. Allí figura en un lugar destacado la admisión del
jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni, de que existe un vínculo entre
los robos y el hambre que pasan algunos bonaerenses. El episodio causó revuelo
al interior del gabinete y disparó versiones de salida, que terminaron recién
cuando el ministro de Seguridad, Cristina Ritondo, lo respaldó.
Un día antes, se había conocido una cuestión que también
causó desagrado en el círculo político más estrecho de Vidal: la práctica de
trocar licencias ordinarias por extraordinarias en la que incurrieron tres diputados
del oficialismo, y una del kirchnerismo. Otra vez, es un nudo central del
discurso de la gobernadora el afectado: la transparencia institucional. Hubo
tirones de orejas internos y quedó flotando la sospecha de que existió fuego
amigo.
En ese marco, resulta natural que la oposición huela
debilidad y, por eso mismo, encuentre alicientes para ensayar acercamientos. El
más notorio lo protagonizaron Martín Insaurralde y Verónica Magario,
representantes del ala dialoguista y dura del peronismo que llevaban meses sin
hablarse y hace unos días se mostraron
juntos en la Legislatura para cuestionar el esquema de seguridad provincial.
Inmediatamente se esparció el rumor de que la movida contó
con la aprobación de Cristina Kirchner y que Máximo podría ser de la partida en
una foto similar, que volvería a mostrar unidad en los hechos dentro de unos
días.
El otro punto de encuentro del peronismo provincial siguen
siendo las tarifas. Una delegación de intendentes estuvo presente en la cámara
de Diputados de la Nación para apoyar la iniciativa de rebaja que, si se
aprueba la semana entrante, Macri anunció que vetará. (DIB)