La
Plata, may 23 (DIB/Ampliación).- El exgobernador Daniel Scioli, su ministro de
Salud Alejandro Collia, y el empresario de la construcción Ricardo Miller
fueron inhibidos por más de $ 189 millones, en una causa que investiga
irregularidades en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA24).
La
medida fue tomada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, quien hizo lugar
a un pedido del fiscal Álvaro Garganta y dispuso la inhibición general de
bienes por $ 189,2 millones para los tres procesados en la causa.
Scioli,
Collia y Miller son investigados por la construcción de ocho UPAs ubicadas en
Almirante Brown, Lezama, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, tres de Febrero, Mar
del Plata, Zárate y Los Hornos.
Según
la investigación del fiscal, existen “indicios vehementes” que entre
los años 2011 y 2015, Collia, influido por Scioli, adjudicó de manera irregular
la realización de nueve obras públicas por más de $ 117 millones, consistentes
en la construcción de las ocho UPA24 y la ampliación de una de ellas, todas en
favor de la empresa Miller Building International S.A.
Según
la denuncia, esa empresa le compró terrenos a Scioli (quien operó con la firma
Capanone S.A.) por US$ 3,8 millones, un valor que, siempre de acuerdo a la
presentación judicial, sería muy superior al de mercado. La hipótesis, en ese
marco, es que allí podría haber existido un “retorno” por la
licitación de las UPAs.
El
fiscal cuestionó “la relación personal y comercial” que el entonces
gobernador mantenía con el presidente y accionista mayoritario de la empresa, y
además, “por las dádivas que el primer mandatario percibía de éste por su
rol”.
En
su resolución, Garmendia sostuvo que “el derecho que pretende ser protegido a
través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia,
verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al fisco de
la Provincia, al haber adjudicado de forma irregular las UPA, tal como fuera
oportunamente valorado por el fiscal”.
Voceros
judiciales indicaron que la resolución de Garmendia también incluyó la
obligación de que el diputado nacional notifique a la Justicia cada vez que
quiera salir del país. Garganta, por su parte, había pedido directamente que se
le impidieran los viajes al exterior.
Defensa
Fuentes
cercanas al exgobernador aseguraron a DIB que Scioli no fue notificado aún de
la medida. Por su parte, Flavio Gliemmo, abogado defensor de Collia, dijo a la
agencia oficial Télam que la resolución de Garmendia por la inhibición
“seguramente será revocada por la Cámara de Apelaciones por cuanto no tuvo en
cuenta que el propio fiscal de instrucción reconoce que no hay perjuicio al
Estado como así la Fiscalía de Estado que se opuso al embargo”.
El
letrado hizo referencia a la actuación del Fiscal de Estado bonaerense, Hernán
Gómez, quien se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está
acreditado el posible perjuicio económico al fisco.
Al
ser indagado a principios de mayo, Scioli declaró no haber recibido “nunca
dádivas de ninguna persona” y sostuvo que “todas las
contrataciones” durante su gestión fueron realizadas “en el marco de
la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de
la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas,
quienes confirmaron su regularidad”.
En
su escrito, Scioli también negó que se haya “alterado” el
procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las
UPAs en procura de “beneficiar a un proveedor determinado” y planteó
que “es totalmente falsa” su supuesta “relación especial con uno
de los proveedores”. (DIB) JG
