La Plata, may 4 (DIB).- El fiscal penal de La Plata Alvaro
Garganta pidió hoy que se le prohíba salir del país al ex gobernador Daniel
Scioli y se lo inhiba por 189 millones de pesos, en la causa que investiga
irregularidades en la contratación de obras públicas.
Una fuente judicial explicó que el pedido fue formulado a la
jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, quien ahora deberá definir
si acepta o rechaza la solicitud de la fiscalía.
El vocero detalló que el pedido de Garganta, quien investiga
presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta
Atención (UPA) durante su gestión, “ingresó al juzgado a última hora de hoy,
por lo que Garmendia lo resolverá la semana próxima”.
El pedido de prohibición de salida del país y de la
inhibición por 189 millones de pesos incluye también al ex ministro de Salud
Alejandro Collia y al empresario Ricardo Estanislao Miller, de quien Garganta
sospecha que se vio favorecido por la construcción de las UPAs.
“La magnitud de la presente investigación y la
disponibilidad económica de los imputados, recomiendan que a los mismos se les
prohíba salir del país sin previa autorización del juzgado a su cargo”, sostuvo
Garganta en el escrito al que tuvo acceso Télam.
Para el fiscal, la prohibición de salida del país y la
inhibición de bienes “resultan indispensables para garantizar la incolumidad de
sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de
decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.
El ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional
Daniel Scioli declaró ayer no haber recibido “nunca dádivas de ninguna
persona”, al defenderse por medio de un escrito que presentó en su
indagatoria ante el fiscal Garganta.
“Nunca he recibido dádivas de ninguna persona”,
aseveró el ex mandatario provincial en el escrito que entregó y con el que se
defendió de los cargos formulados en su contra en este expediente.
En este sentido, subrayó que “todas las
contrataciones” realizadas durante su gestión fueron realizadas “en
el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los
organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal
de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”.
El contenido de la declaración de Scioli -que se limitó al
escrito, dado que no expuso en forma oral ni respondió preguntas- consignó
también que el mandatario provincial negó que se haya “alterado” el
procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las
UPAs en procura de “beneficiar a un proveedor determinado”.
Scioli está acusado de los delitos de negociación
incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de
influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició
con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International
SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, en el marco de esta causa, se investiga si, al mismo
tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le
alquilaba un predio en Villa La ??ata, Tigre, para montar un emprendimiento
hotelero.
En este punto, Scioli planteó que “es totalmente
falsa” su supuesta “relación especial con uno de los
proveedores”, y consideró que Miller “accedió a menos del 1 por
ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y
transparentes y según la ley aplicable a cada caso”.
Por otro lado, el ex mandatario provincial subrayó que
“jamás” utilizó los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44
Raven-II de Miller y añadió: “Hubiese bastado repasar mi agenda pública en
ese lapso de tiempo para advertir que en la mayoría de las fechas de los
presuntos viajes no me encontraba en Villa La ??ata”.
En ese sentido, presentó evidencia y notas periodísticas que
dan cuenta que en las fechas que se le imputa haberse subido en los
helicópteros, él se encontraba en otros puntos del país.
“Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de
ninguna otra persona”, aseveró Scioli, quien evaluó que la imputación en
su contra “tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una
sociedad que yo no presidía con una persona especializada en organización de
eventos y, luego, con una sociedad que no era proveedora del gobierno
provincial”.
Con respecto a la venta del predio a Miller mencionada en la
imputación, Scioli dijo fue efectuada en 2017, cuando ya no era gobernador,
“a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales
vigentes para dicha operación”.
Por último, destacó que “jamás” dio instrucción
alguna “a nadie para favorecer a ningún proveedor”, e insistió con
que “todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de
control de la Constitución y hasta, en algunos casos, por la Organización de
las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo”.
En el marco de esta investigación, el fiscal Garganta indagó
también al ex ministro de Salud de la provincia Alejandro Collia, y hoy hizo lo
propio con el empresario Miller, en tanto que la semana próxima indagará a
Gerardo Pérez, ex subsecretario administrativo del Ministerio de Salud; a Ana
Beatriz Priolo, quien fue directora general de Administración; y a Matías
Alcalde, quien estuvo cargo de la Dirección de Contabilidad. (DIB)
