Según las fuentes, uno de los detenidos que compartía
calabozo con Aranda le dijo a los investigadores que fue la defensora quien
entró el celular oculto “entre sus partes íntimas” y se lo dio al
hombre que está preso por homicidio y al que intentaron rescatar.
El testimonio fue corroborado con el registro de visitas de
detenidos de la comisaría, donde consta que el día que Tortosa fue a ver a su
cliente se produjo la primera comunicación entre el celular de Aranda y el de
su novia, Zahira Ludmila Bustamante, de 19 años, detenida como presunta
organizadora del ataque.
Por esa maniobra de entregar el celular, algo que favoreció
el plan criminal que tenía la banda, la fiscal de La Matanza imputó a la
abogada Tortosa como partícipe de la tentativa de homicidio agravada de la que
resultó víctima la sargento Rocío Alejandra Villarreal, de 25 años.
En tanto, en una carta difundida por el abogado Jorge Irineo
la joven Bustamente aseguró que no planificó el ataque ni intervino en él y
argumentó que su “única culpa” fue haberse “enamorado” de
Aranda, con quien tiene un hijo de 8 meses.
“Yo soy Zahira Ludmila Bustamante y quiero aclararle a
la población que no soy jefa de banda alguna, que no planifiqué la fuga de mi
marido, que no conseguí armas ni uniformes y que mi única culpa fue haberme
enamorado de Leandro, que tenía miedo que lo mataran en un penal y por eso yo
le prometí: quedate tranquilo mi amor, yo te voy a sacar”, escribió la
joven en el texto que difundió el abogado tras visitarla en la cárcel.
Y, agregó: “Quiero aclarar que yo no participé en la
fuga y que me detuvieron a media cuadra de la comisaría engañada, diciendo que
me habían autorizado ver a mi marido, que también detienen a mi primo Bruno,
que me había acompañado y lo detienen arriba del (automóvil) Vento”.
“Me la paso rezando para que Rocío, la policía baleada,
vuelva a caminar ya que gracias a Dios está viva. Pido perdón a la sociedad, a
mi familia y a mi hijo por lo sucedido y le pido a Dios que me perdone porque
yo solo actué por amor”, finalizó.
Consultado acerca de las contradicciones que surgen de la
carta, otro de sus abogados, Santiago Socolsky, dijo a Télam que “ella lo
que quiere decir es que no es jefa de ninguna banda, sino que solamente estaba
al tanto de lo que iba a pasar”.
“Pero ella no participó de la toma de la comisaría,
ella solamente después del hecho estaba afuera esperando si podía ver a Leandro
y cuando tengamos acceso a la causa sabemos que hay mensajes y audios para
analizar”, agregó el defensor.
Socolsky consideró que “se armó mediáticamente una
imagen de Zahira que no es tal” y aseguró que la joven “no tiene
antecedentes, estudió hasta tercer año, la madre tiene una pequeña empresa de
zapatos y el padre una gestoría de autos. Son gente de clase media”.
Por su parte, Irineo dijo a Télam que la joven “está
muy asustada y tiene miedo de que la maten a ella y a su familia” tras lo
ocurrido y que evalúa pedir que le den una prisión domiciliaria porque es madre
de un bebé de ocho meses al que está amamantando.
Además, el abogado sostuvo que la joven fue involucrada
porque “se utilizó su auto en el hecho”, en referencia a un
Volkswagen Vento en el que se detuvo a su primo cuando, presuntamente, la llevó
a la puerta de la seccional de San Justo.
El ataque fue perpetrado el lunes último, a las 5 de la
madrugada, en la comisaría donde un grupo de al menos cuatro personas vestidas
de policías, armadas y con una herramienta cortacandados intentó copar la
seccional entrando a los tiros para liberar a Aranda.
El ataque fue resistido por los cuatro policías de la
oficina de guardia y los delincuentes tuvieron que escapar sin poder concretar
el rescate.
Como consecuencia del tiroteo, la sargento Villarreal
recibió un balazo en el pecho que lesionó varios órganos, le destruyó una vértebra
y afectó la médula, por lo cual seguía hoy hospitalizada sin sensibilidad en
sus piernas.
Además de Bustamante, siguen detenidos su primo, Bruno
Postigo Marullo, de 19 años, Gonzalo Fabián D” Angelo, de 22, Daniel Alberto
Rodríguez, de 32, Noé Nicolás Castillo, de 30, y un adolescente de 15.
Los mayores de edad quedaron acusados de “homicidio en
grado de tentativa agravado por ser la víctima miembro de una fuerza de
seguridad”. (DIB)