La Plata, may 2 (DIB).- El defensor del Pueblo adjunto de la
provincia de Buenos Aires, Walter Martello, reclamó hoy que no se apliquen
recortes a la tarifa social que perciben los sectores más vulnerables ya que
eso profundizará el impacto del aumento en la tarifa de agua que la empresa
Agua y Saneamientos (AYSA) comenzó a aplicar desde esta semana.
Martello también advirtió que cada vez son más los usuarios
que dejan de pagar las tarifas y precisó que las cuentas incobrables se
incrementaron en casi 400% en los últimos tres años.
El defensor del Pueblo adjunto puso como ejemplo un hogar
del Conurbano, con una valuación fiscal de 110.000 pesos que en 2016 pagaba 234
pesos por mes “dos años después, esta misma familia deberá abonarle a AYSA
$814,25, muy por encima de las recomendaciones de los organismos
internacionales”.
“El impacto real del aumento del agua, para miles de
usuarios, es muy superior a lo que estima el gobierno y la situación podría
agravarse una que vez en 2019 termine de eliminarse el descuento del 25% que
regía en el Conurbano bonaerense”, expresó Martello.
Un informe destaca que AYSA aumentará
su facturación este año en $4.372 millones más respecto al año pasado, pese a
los cual habrá un recorte de $433 millones en los fondos que se destinan a la
tarifa social.
Según informó la propia empresa en la última audiencia
pública, en 2017 se previó un presupuesto de $1.153 millones destinado a la
Tarifa Social que se esperaba fuera cubierto con aportes del Tesoro Nacional,
el cual incluía $733 millones correspondientes al “Subsidio Zonificado-
Programa Tarifa Social” y $420 millones destinados a la Tarifa Social
original, pero la propia compañía reconoció que los resultados no fueron los
esperados.
AYSA informó que “con la ejecución presupuestaría se
evidenció que las necesidades de este último subsidio fueron inferiores a lo
previsto llegando a ejecutarse $292 millones, y por otra parte, no se logró que
el Tesoro Nacional aportara los fondos necesarios para financiar el
programa”.
En 2018, el presupuesto inicial, que podría ser ampliado a
solicitud del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, para financiar la tarifa
social es sensiblemente menor: $720 millones que, según la compañía, deberían
alcanzar para asegurar el acceso (estimado) de 375.000 beneficiarios.
Martello opinó que la instalación de medidores también es
una falencia de AYSA y precisó que “la empresa presentó un plan del cual
surge que pueden a llegar a tardar veinte años en cubrir la totalidad de los
usuarios que están fuera del sistema medido”.
Los ingresos que tendrán en 2018 AYSA -$16.883.000.000, un
37% más que el año pasado- y ABSA -3.372.594.574, un 41% más que el año pasado-
permitirían sostener el régimen de tarifa social y dejar en suspenso la quita
de descuentos. (DIB)
