La Plata, abr 25 (DIB).- El ministro de Seguridad
bonaerense, Cristian Ritondo, presentó hoy un nuevo proyecto que será enviado a
la Legislatura para prevenir el accionar de los denominados “motochorros” y
diferenció su iniciativa de las anteriores, promovidas por el Gobierno de
Daniel Scioli, al señalar que con las “zonas de exclusión” se trata de “no
estigmatizar a todos los motociclistas”.
El proyecto, que fue elaborado por el diputado Matías
Ranzini, de Zárate junto a su par de Cambiemos, Carolina Píparo, busca que los
intendentes, de acuerdo a las realidades de cada municipio, determinen “zonas
geográficas y horarias de exclusión” en las que no se pueda circular con
acompañante o en la que deban tener la identificación en el casco o en el
chaleco.
“No se trata de estigmatizar a todos sino saber qué zonas
geográficas son las más peligrosas”, dijo Ritondo al ser consultado por la
similitud con las iniciativas llevadas adelante por su antecesor Alejandro
Granados, que según consignó, planteaba medidas “uniformes” para todos los que
transitaban en motos.
“Nos permite concentrar los esfuerzos en el lugar donde se
producen los hechos. Es una tarea predictiva. No podemos prohibir que la gente
circule en moto ni parar a todas las motos”, respondió ante una consulta de DIB.
Y sostuvo que el objetivo es “atenuar este delito”, que admitió “no va a
desaparecer”, pero sostuvo que la iniciativa “amplía la cantidad de
herramientas”.
El legislador que ideó el proyecto también planteó las
diferencias con los mecanismos anteriores, y ejemplificó: “Nosotros pensamos
que la provincia tiene una particularidad muy grande con casi 18 millones de
habitantes: no es lo mismo lo que pasa a la 1 de la tarde en la zona bancaria
de Ramos Mejía o Ciudadela, donde puede haber una tasa muy alta de delito; que
en la zona bancaria de General Guido o Coronel Pringles”.
Una vez sancionada la ley, los intendentes tendrán 45 días
para establecer las zonas de exclusión horaria y geográfica y presentarlas al
ministerio de Seguridad. “Queremos generar el consenso porque la aplicación es
complicada, y tiene que ser muy efectiva. Vamos a hablar con todos los
intendentes y con todos los partidos políticos”, reconoció Ranzini.
La iniciativa prevé un fuerte trabajo con los jefes
comunales de todos los colores políticos: “No creo que ningún intendente
especule con la inseguridad”, consideró Ritondo. Y en ese sentido, dijo que
ayer estuvo reunido con el secretario de Seguridad de Verónica Magario,
intendenta de La Matanza.
El ministro de Seguridad sostuvo que la legislación busca
adecuarse al Decreto 171/2017 del Estado nacional, y tener una igualdad con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la proximidad que existe con algunos
municipios del Conurbano.
Asimismo, dijo que para acentuar el control “se pedirá a las
estaciones de servicio que no carguen combustible a todos aquellos que no usen
los chalecos o las identificaciones” en las zonas determinadas.
Por último, planteó que la ley también permite a los
intendentes resolver qué hacer con las motos secuestradas en procedimientos
luego de seis meses. “Podrán decidir si compactar o donar”, señaló tras
recordar que desde el inicio de su gestión 250 mil motos fueron secuestradas en
la provincia, 22 mil de las cuales estuvieron vinculadas al delito. (DIB) MCH
