La Plata, abr 17 (DIB).- Con fuertes críticas a la
gobernadora María Eugenia Vidal, la intendente de La Matanza, Verónica
Magario, deslindó responsabilidades por el crimen del colectivero
Leandro Alcaraz, asesinado el domingo en Virrey del Pino, al tiempo que reclamó
por el traspaso al municipio de la Policía local.
“La seguridad es responsabilidad de la gobernadora, el
único responsable es la administración provincial”, cuestionó Magario en
una conferencia de prensa que brindó hoy para analizar el asesinato de del
chofer de la línea 620, quien fue ejecutado por dos pasajeros que viajaron sin
pagar el boleto.
La jefa comunal kirchnerista ratificó sus acusaciones contra
el Gobierno provincial al asegurar que no le envía los efectivos
necesarios para combatir la inseguridad e insistió en todo momento que la
crisis que se registra en ese partido del conurbano es “responsabilidad
de Vidal”.
En ese sentido mostró una serie de números para justificar
sus dichos. Según expuso, mientras que en 2015 había 4.900 policías y 1.900
gendarmes en La Matanza, en la actualidad cuentan con 4.200 policías y 150
gendarmes. Asimismo, dijo que el partido cuenta con un policía cada 506
habitantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene un efectivo cada 100
habitantes. “Escuché de boca de Vidal que había 10 mil agentes nuevos de
policías, en La Matanza no vino ni uno solo. Es más los han reducido”, aseguró.
“Acá seguimos invirtiendo en seguridad, voy a redoblar mis
esfuerzos pero esto no es una responsabilidad de los municipios”, continuó
la mandataria, al tiempo que pidió el traspaso de la Policía local. Y contó que
conversó con el resto de los jefes comunales sobre éste punto. “Es imposible
hacer un traspaso de la policía si no se traspasan los recursos. Confiamos en
que los intendentes podemos hacer una tarea de territorio a territorio.
Nosotros veníamos advirtiendo que los lugares más difíciles son Virrey Del Pino
y González Catán y no hubo más recursos para esas zonas”, planteó.
Ayer, el Gobierno bonaerense anunció la creación de una
línea de créditos blandos para que empresas de colectivos de corta y media
distancia coloquen cámaras de seguridad en cada unidad, cumpliendo con una ley
que lleva más de un año de vigencia. Esta obliga a las empresas de transporte
de pasajeros a instalar una cámara en cada unidad, y otorgaba 180 días para
cumplimentar la medida. Sin embargo, pasado casi un año, pocas empresas
cumplían el requerimiento. “Si las cámaras hubieran estado colocadas en el
colectivo tal vez Alcaraz (estaría vivo”, concluyó Magario. (DIB) FD
