La Plata, mar 16 (DIB).- La Sala IV de la Cámara Federal de
Casación Penal revocó hoy la prisión domiciliaria con la que había sido
beneficiado el represor Miguel Etchecolatz, quien reside en el Bosque Peralta
Ramos de la localidad de Mar del Plata desde diciembre pasado.
Con el voto de los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo
Hornos y Juan Carlos Gemignani, el tribunal resolvió hacer lugar a los recursos
interpuestos por el abogado Pablo Llonto en representación de la querella y por
la fiscal María Ángeles Ramos.
El beneficio de la prisión domiciliaria para el represor
generó un fuerte rechazo por parte de los organismos de Derechos Humanos y
organizaciones sociales que realizaron varios escraches en la puerta de la casa
de Etchecolatz y una masiva movilización por el centro marplatense.
A comienzos de febrero, la representante del Ministerio
Público, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, había pedido que se revocara
la prisión domiciliara al imponer un recurso de casación contra la resolución
del Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que a fines de
diciembre pasado hizo lugar a la domiciliaria solicitada por la defensa del
exdirector general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires.
En su presentación, Ramos había señalado que la resolución
que otorgó el beneficio resultó “arbitraria” y “carente de
fundamentación”, al tiempo que afectó la garantía de defensa en juicio y
el debido proceso legal. También sostuvo que el tribunal se basó en informes
médicos “parciales” agregados a la causa, pese a que contaban con
otros informes forenses de mayor peso que no habilitaban el arresto
domiciliario por motivos de salud. Según señaló la fiscal, la resolución cuestionada
contiene una “errónea interpretación y aplicación de normas sustantivas y
procesales”.
Además, en el recurso de casación cuestionó que la medida
dispuesta por el Tribunal no tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales
oportunamente advertidos por el Ministerio Público Fiscal.
En relación a este punto, subrayó que el imputado formó
parte de uno de los aparatos de inteligencia más importante de los que operaron
durante la última dictadura militar, al tratarse de uno de los máximos jefes en
su carácter de Comisario General a cargo de la Dirección General de
Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica la posibilidad
de que conserve cierto ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que
lo incriminen y, de tal forma, “evadir o entorpecer el accionar de la
justicia”. (DIB) MCH