La Plata, mar 14 (DIB).- La Fiscalía de Estado de la provincia
de Buenos Aires y la UFI 11 de La Plata pidieron que se dicte una inhibición de
bienes contra Antonio La Scaleia, ex titular de IOMA durante el Gobierno de
Daniel Scioli, y otros diez ex funcionarios de la obra social estatal.
El planteo, que ahora debe resolver la jueza Marcela
Garmendia pide una inhibición hasta cubrir la suma de 650 millones de pesos y
prohibición de salir del país para once imputados en la causa que investiga
supuestas maniobras de estafas en la obra social.
Todos ellos fueron procesados por los delitos de “fraude y
asociación ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio
de 650 millones de pesos con la tramitación de internaciones domiciliarias y
otras maniobras dentro de IOMA.
La imputación alcanza a un total de 17 personas, entre ex
funcionarios del organismo, ex integrantes del directorio en representación de
distintos gremios y empresarios dueños de firmas de internaciones
domiciliarias.
A partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa
Carrió, se inició una investigación en la UFI 11. Y en ese marco, el fiscal platense
Álvaro Garganta firmó el año pasado el auto de procesamiento, en el que señaló
que “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015
por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y
empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar servicios de
internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas
millonarias en las arcas del organismo”.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, La Scaleia,
compareció ante Garganta y aseguró que son “inimaginables” los cargos por
delitos de “fraude u asociación ilícita” de los que se lo acusa. En su descargo,
aseguró que en su gestión a la obra social “la equilibramos y la dejamos con un
superávit de 764 millones de pesos, con un IOMA más ordenado y con recursos”.
Además, sostuvo que la acusación en su contra es “inimaginable”, y que es “la
primera vez” que enfrenta un proceso judicial.
Además, negó conocer a las empresas de internación
domiciliaria Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., SOS
S.A., y Cerca Salud S.A., todas sospechadas en las maniobras de fraude, y
aseguró que empezó a tomar contacto con estos nombres “cuando en el año 2016
surgió ese informe de La Nación sobre los Panamá Papers”. (DEIB) FD
