La Plata, mar 14 (DIB).- La justicia penal platense dictó la
inhibición general de bienes del ex titular de IOMA, Antonio La Scaleia, y
otros diez ex funcionarios que están procesados por delitos de “fraude y
asociación ilícita”. La medida había sido solicitada por Fiscalía de Estado de
la provincia de Buenos Aires y la UFI 11.
Fuentes judiciales confirmaron la inhibición decidida por la
jueza de Garantías Marcela Garmendia. Tal como señaló DIB esta mañana, el
pedido fue hecho por el fiscal penal Álvaro Garganta.
La Scaleia estuvo al frente de la obra social provincial
desde 2010 hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli en 2015, y se
encuentra procesado con otros 17 ex directivos y actuales funcionarios. Todos
ellos fueron procesados por los delitos de “fraude y asociación
ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650
millones de pesos con la tramitación de internaciones domiciliarias y otras
maniobras dentro de IOMA.
A partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa
Carrió, se inició una investigación en la UFI 11. Y en ese marco, el fiscal
platense Álvaro Garganta firmó el año pasado el auto de procesamiento, en el
que señaló que “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013
y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra
social y empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar
servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron
pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, La Scaleia,
compareció ante Garganta y aseguró que son “inimaginables” los cargos
por delitos de “fraude u asociación ilícita” de los que se lo acusa.
En su descargo, aseguró que en su gestión a la obra social “la
equilibramos y la dejamos con un superávit de 764 millones de pesos, con un
IOMA más ordenado y con recursos”. Además, sostuvo que la acusación en su
contra es “inimaginable”, y que es “la primera vez” que
enfrenta un proceso judicial.
Por otro lado, negó conocer a las empresas de internación
domiciliaria Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., SOS
S.A., y Cerca Salud S.A., todas sospechadas en las maniobras de fraude, y
aseguró que empezó a tomar contacto con estos nombres “cuando en el año
2016 surgió ese informe de La Nación sobre los Panamá Papers”. (DIB) FD/MT
