La Plata, mar 16 (DIB).- El ex gobernador Daniel Scioli y
quien fuera su ministro de Salud, Alejandro Collia, fueron imputados y
citados a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que
investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de ocho Unidades de
Pronta Atención (UPA 24) para las que se destinaron más de 117 millones de
pesos.
La indagatoria, que se cumplirá entre el 2 y el 3 de mayo,
fue ordenada por el fiscal platense Álvaro Garganta, en el marco de una causa
iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió, en la que también están
comprometidos otros cuatro exfuncionarios bonaerenses.
En concreto, Garganta puso la lupa sobre la construcción de
ocho UPAs ubicadas en Almirante Brown, Lezama, Hurlingham, José C. Paz, Moreno,
tres de Febrero, Mar del Plata, Zárate y Los Hornos.
De acuerdo a la resolución a la que accedió DIB, existen
“indicios vehementes” que entre los años 2011 y 2015, Collia, influido por
Scioli, adjudicó de manera irregular la realización de nueve obras públicas por
más de 117 millones de pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades
de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la
empresa Miller Building International S.A.
Según la denuncia, esa empresa le compró terrenos a
Scioli (quien operó con la firma Capanone S.A.) por 3,8 millones de dólares, un
valor que, siempre de acuerdo a la presentación judicial, sería muy superior al
de mercado. La hipótesis, en ese marco, es que allí podría haber existido un “retorno”
por la licitación de las UPAs.
El fiscal cuestionó “la relación personal y comercial” que
el entonces gobernador mantenía con el presidente y accionista mayoritario de
la empresa, y además, “por las dádivas que el primer mandatario percibía de
éste por su rol”.
Por su parte, Alfredo Gascón y Miguel Molina, abogados defensores
del exgobernador, negaron “terminantemente” que haya existido “tráfico de
influencias o irregularidades” por parte de Scioli, y señalaron que “todas las
licitaciones y contrataciones durante su gestión fueron regulares y aprobadas
por los organismos de control”.
“Nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que
jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de
su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno”,
sostuvieron.
Además, aclararon que el excandidato presidencial del FpV “está
a disposición de la Justicia, ejercerá su debida defensa y responderá todo
interrogatorio que se le formule”.
Más imputados
Las audiencias no sólo incluirán a Scioli, actualmente con
fueros por ser diputado, y Collia, sino también a Ricardo Miller, Gerardo Pérez
(Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense), Ana Beatriz
Priolo (Directora General de Administración) y Matías Alcade (Director de
Contabilidad), y se realizarán los primeros días de mayo. Mientras que Scioli
deberá hacerlo el día 3 de mayo, Collia un día anterior.
Otros de los hechos, según garganta, es que Pérez, influido
por Scioli y Collia, adjudicó de manera irregular la realización de cuatro
obras públicas por más de 71 millones de pesos, consistentes en la construcción
de cuatro UPA en favor de la misma empresa. En este caso las apuntadas son las
de Berazategui, Florencio Varela y La Matanza.
Finalmente, el dictamen del fiscal acreditó que en igual
período, Pirolo y Alcalde, también influidos por el gobernador y su
ministro adjudicaron cada uno de manera
irregular la realización de una obra pública, ambas por más de 1.200.000 de
pesos, consistentes en la ampliación de dos UPA en favor de Miller Building
International SA.
En ese sentido, según el dictamen de Garganta, Scioli
participó como instigador de los tres hechos, como autor del primero de ellos
señalados y como co-autor en los otros restantes.
Las 17 UPA, que Scioli utilizó durante su campaña
presidencial, fueron creadas para descomprimir la demanda de atención primaria
en los hospitales, con un servicio 24 horas, no cumplieron con la promesa
original. De hecho, en muchos casos funcionan con trabajadores precarizados,
déficit de profesionales, deterioro de su infraestructura y apenas cubren algunas
horas de servicio. (DIB) FD-JG
