La Plata, ene 23 (DIB).- Los nuevos despidos y suspensiones,
y el temor por el posible cierre de fábricas volvió a poner en el centro de la
escena la situación de la industria en la provincia de Buenos Aires, donde
preocupan especialmente los rubros química, metalmecánica, textil y calzado.
Desde el sector industrial afirman que los despidos se
agudizaron en los últimos dos meses y reclaman medidas para el sector, según
describen, con complicaciones por la caída del mercado interno, las altas
cargas impositivas, los aumentos en las tarifas y la apertura de las
importaciones.
En ese sentido, desde la Asociación de Industriales de la
provincia de Buenos Aires (Adiba), describieron a la zona de Zárate y Campana
como una de las más complicadas: “En los últimos años se fueron cuatro químicas
importantes en esa región”, dijo a DIB el presidente de Adiba, Silvio Zúrzolo.
“Estamos tratando de que pase la tormenta, no es un panorama fácil, pero
estamos esperanzados en que la situación se revierta, como ha pasado otras
veces en este país”, agregó.
Como publicó hoy diario Extra que edita la agencia DIB, en
Campana, preocupa ahora el despido de unos 170 empleados de la empresa de
fertilizantes Bunge, cuyos operarios realizan un acampe en la delegación local
del Ministerio de Trabajo para reclamar por la conciliación obligatoria. Desde
el Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, aseguraron que
estas cesantías son la antesala de un “ataque” al convenio colectivo de trabajo
de toda la industria química y petroquímica del polo industrial regional.
“No nos vamos a mover de acá hasta que se dicte la
conciliación obligatoria. La empresa realizó unos 170 despidos de manera
arbitraria sin siquiera presentar un preventivo de crisis, y ahora amenazan a
los trabajadores que quedaron con cambios en el convenio colectivo”, dijo a DIB
Rubén Ayala, delegado del Sindicato de Químicos y Petroquímicos dentro de la
planta.
Los trabajadores de Bunge fueron acompañados por operarios
de la planta de plásticos Bopp, donde corren riesgo al menos unos 60 puestos
laborales si se confirma que la empresa dejará de producir el 1º de febrero,
como informó los últimos días.
Mientras tanto, preocupa la situación de los 80 trabajadores
de la empresa de lanchas Marine Sur, también en Campana, firma que a principios
de este año sufrió un incendio con destrucción total y ya confirmó que no
volverá a operar.
El presidente de Adiba señaló que la mayor cantidad de
despidos se producen en las grandes empresas de capital extranjero, que eligen irse
del país ante la inconveniencia económica. En cambio, “las pymes, aunque la
situación es muy delicada, realizan un mayor esfuerzo por contener el
personal”.
Pedidos de emergencia
Diputados del bloque Unidad Ciudadana presentaron un
proyecto para que se declare la emergencia laboral en la provincia de Buenos
Aires, según se describe, “con el objetivo de defender y promover el empleo,
ante la grave situación que atraviesan los trabajadores del sector público y
privado en todo el territorio bonaerense”.
El proyecto solicita que, de aprobarse, se reincorpore a
todo el personal despedido o suspendido a partir del 1° de diciembre de 2017 en
la administración pública provincial. Y busca que se suspendan los despidos en
el sector público durante la vigencia de la ley.
La emergencia laboral fue declarada a nivel local en Azul,
tras los despidos en la empresa estatal Fabricaciones Militares Fanazul; y en
Coronel Suárez, ante la delicada situación en la fábrica de calzado Dass, ex
Gatic, donde crece la incertidumbre sobre los 190 trabajadores que fueron
suspendidos, a pocos días de que se venza esa medida.
Pese a las gestiones realizadas, los trabajadores no
recibieron ninguna comunicación por parte de la empresa y esperan volver a
realizar las tareas habituales dentro de la fábrica de zapatillas el 1º de
febrero.
Cabe señalar que la empresa ya había otorgado el retiro
voluntario a unos 500 empleados. Sin embargo, de todos los trabajadores hoy
suspendidos, tan sólo cinco estarían dispuestos a tomar esa opción; el resto
quieren continuar trabajando. En ese contexto, el intendente de Coronel Suárez
(Cambiemos) pidió al Gobierno que limite la importación del calzado y que apoye
la producción local.
“Se necesita una ley especial para el calzado y la
indumentaria, debido a que las industrias nacionales no pueden competir con el
ingreso de esos productos. Es uno de los sectores más golpeados”, describió
Zúrzolo, de Adiba. En ese sentido, el próximo miércoles se realizará en Las
Flores el primer encuentro de las mesas textil y de calzado de la provincia con
el fin de evaluar las principales problemáticas del sector.
La emergencia laboral rige también en Zárate y Baradero
desde mediados de 2017 y con vigencia por un año. En este último distrito,
desde el Sindicato Unidos Baradero estiman que se perdieron unos mil puestos de
trabajo desde el año pasado, y que “muy pocos fueron reubicados”. “Hay mucho
empleo informal, la situación es preocupante”, dijo a DIB el secretario general
del gremio, Felipe Barrios. En ese contexto, antes de fin de año, la empresa
BRF (ex Paty) de esa localidad notificó que reducirá un turno, y que quedarán
sin trabajo unas 180 personas. (DIB) MCH