La Plata, ene 20 (Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB).-
La reforma del régimen jubilatorio de los empleados públicos de la provincia se
transformó, en medio de la tensión general de Cambiemos con buena parte de los
gremios y a poco de su conflictivo antecedente nacional, en la primera iniciativa
estructural que el gobierno de María Eugenia Vidal confirma para este año, solo
un mes después de negar con énfasis que fuese a impulsarla.
Se trata de una iniciativa de gran calado, que intentaron,
sin éxito, los dos gobernadores que precedieron a María Eugenia Vidal: Felipe
Solá y Daniel Scioli. Ambos estrellaron sus intenciones reformistas contra una
dura resistencia gremial, que es previsible que sea reeditada en esta
oportunidad, en un contexto de tensión del que no son ajenas las detenciones de
popes sindicales y los intentos de cambio del régimen laboral.
Por eso llamó la atención la forma en que la iniciativa fue comunicada,
casi al pasar, por el titular del Instituto de Previsión Social, Christian
Gribaudo. La sorpresa ???y algún reproche- se produjo incluso en círculos
elevados del gobierno, donde existía la idea de que el anuncio debía hacerlo
Vidal (tal vez en la Asamblea Legislativa) en el marco de una convocatoria
amplia a la oposición a discutir los cambios.
Esa precaución, que el propio gobierno incumplió, es fácil
de comprender. Aunque en este caso el universo comprendido son solo los
empleados públicos, al fin y al cabo de lo que se habla es de una nueva reforma
jubilatoria, a poco de que una iniciativa similar a nivel nacional produjera la
mayor caída en la imagen del presidente Mauricio Macri en muchos meses. Una
merma que parece haberle mellado buena parte del crédito político que había
ganado en las elecciones.
Pero además, en este caso, la necesidad ???o al menos la
urgencia- del cambio, no es evidente: al contrario de lo que ocurre con la caja
jubilatoria del Banco Provincia, cuya reforma desató un conflicto aún abierto,
el IPS es superavitario.
El Ejecutivo sostiene que esa situación no es sostenible en
el mediano plazo y que conviene atajar el problema antes de que se convierta en
una crisis. Pero deberá hacer grandes esfuerzos si lo que quiere es lograr
consensos: la armonización del IPS con la Anses, el corazón de la reforma,
implica no solo subir cinco años la edad para jubilarse, que ahora es menor en
provincia que en Nación. También incluye la eliminación del mecanismo por el
cual cada vez que sube el salario de los trabajadores activos lo hacen los
haberes de los pasivos. Y hace caer la jubilación promedio del 70% al 50% del
sueldo de los activos.
Parte de los gremios ???ATE y Suteba- ya expresaron su rechazo.
Se elevó así, de forma adicional, la tensión de una paritaria que hasta ahora
viene sembrada de tropiezos. Se suponía que iba a arrancar en diciembre, pero
solo hubo conversaciones informales y mesas técnicas. Después, las modificación
a la suba de la pauta de inflación para este año y la pretensión de eliminar la
cláusula gatillo, congelaron incluso esos contactos.
Desde el Ejecutivo, por lo pronto, optaron por enviar
señales de renovada prudencia. En las últimas horas aclararon que aún no hay
ningún proyecto elaborado y que cuando eso ocurra habrá consultas amplias.
Incluso, dijeron que el debate podría llegar incluso luego del primer
cuatrimestre. Pero dejaron de negar que la reforma figure en la hoja de ruta
para este año, como habían hecho hace un mes. El debate está servido. (DIB)
