Un fallo de la Justicia ordena a Arroyo volver a pagarle a la cúpula sindical

La Plata, dic 29 (DIB).- El Tribunal de Trabajo N° 1 hizo
lugar a la medida cautelar solicitada por los integrantes de la comisión
directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Mar del Plata, afectados
por la decisión del gobierno local de no pagarles el sueldo bajo el argumento
de que no iban a trabajar.

La resolución intima a la municipalidad a abonar la
remuneración correspondiente a octubre en un plazo de 72 horas, al tiempo que
fija una multa de 5.000 pesos diarios en caso de incumplimiento.

La decisión de no pagar los sueldos a la cúpula sindical
había sido anunciada el mes pasado por el secretario de Economía y Hacienda,
Hernán Mourelle, en una conferencia de prensa que compartió con el intendente y
el resto del gabinete.

“Los vecinos deben saber que el municipio se va a ahorrar 20
millones de pesos por año, lo que equivale a un jardín de infantes. Esperamos
ahora que el sindicato, por los 70 millones que recibe de aportes, se disponga
a donar los 34 jardines de infantes que se llevaron sin que corresponda”, había
disparado el funcionario.

En ese contexto, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente
explicó que el fallo de la Justicia tiene “groseras contradicciones” porque
“por un lado reconoce que no prestaron tareas y por el otro lado les permite
cobrar sus salarios”.

El funcionario dijo que esa disposición “abre una franja de
desigualdad entre los trabajadores que prestan servicio con aquellos que no los
prestaron”.

Vicente explicó que el decreto firmado por el intendente
Carlos Arroyo sigue vigente y la justicia está estudiando su validez, aunque
mientras resuelve dictó una medida cautelar para que los trabajadores perciban
su salario. A su vez, recordó que a partir de esa medida los propios
trabajadores “han comenzado a prestar tareas efectivas dentro del Municipio” y
otros solicitaron  “la licencia gremial”.

“El fallo va a ser recurrido y estamos estudiando para
interponer el remedio procesal para que sea revisado en una siguiente
instancia, pues la medida adoptada el 10 de noviembre tiene absoluta legalidad”,
concluyó Vicente. (DIB) MCH