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27/10/2021
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(Corrige) Avanzan con registro nacional de violadores, en PBA espera firma de Vidal

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La Plata, nov 23 (DIB).- La Cámara de
Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que propone la creación de un
Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, una
herramienta que en la provincia comenzará a funcionar cuando la gobernadora
María

La iniciativa que se convirtió en el último
tema tratado durante la extensa sesión de Diputados que comenzó ayer para
tratar un conjunto de proyectos, se votó pasadas las 3 de la madrugada y fue
aprobada por 135 votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones.

El proyecto que ahora fue girado al Senado
para su sanción definitiva fue impulsado por el presidente de la Comisión de
Justicia de la Cámara baja, Diego Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos), y tenía dictamen
desde mayo pasado.

A través de la iniciativa se crea un Registro
Nacional de Condenados por Delitos Sexuales a los fines de crear en la
ciudadanía mecanismos de alerta, para que cuando se produzca la liberación de
un preso por este tipo de delitos, que son los que están precisados en los
artículos 119 y 120 del Código Penal, el juez de Ejecución Penal tenga la
obligación de comunicar la decisión al Ministerio de Justicia.

La iniciativa busca complementar la ley que
creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la
Integridad Sexual y que el gobierno nacional reglamentó días atrás, ya que esa
norma incluye sólo la información genética de los violadores, que no es
pública.

La discusión sobre la puesta en marcha de un
registro de violadores cobró un fuerte impulso tras la cruel muerte de la joven
entrerriana Micaela García, violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay por
un convicto que ya había sido condenado por este delito y estaba en libertad
sin haber cumplido su pena.

A nivel provincial, la gobernadora María Eugenia
Vidal tiene a la firma un decreto ???avalado por el Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino- que dispone que los antecedentes de todas las personas condenadas por
delitos contra la integridad sexual dejen de ser información reservada y puedan
ser obtenidos por organismos estatales, entidades y personas que logren
demostrar un “interés legítimo”. (DIB)

 

 
 

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