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11/04/2021
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Avanzan con registro nacional de violadores, en provincia ya funciona

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La Plata, nov 23 (DIB).- La Cámara de Diputados aprobó y
giró al Senado el proyecto que propone la creación de un Registro Nacional de
Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, una herramienta que ya
funciona en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa que se convirtió en el último tema tratado
durante la extensa sesión de Diputados que comenzó ayer para tratar un conjunto
de proyectos, se votó pasadas las 3 de la madrugada y fue aprobada por 135
votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones.

El proyecto que ahora fue girado al Senado para su sanción
definitiva fue impulsado por el presidente de la Comisión de Justicia de la
Cámara baja, Diego Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos), y tenía dictamen desde mayo
pasado.

A través de la iniciativa se crea un Registro Nacional de
Condenados por Delitos Sexuales a los fines de crear en la ciudadanía
mecanismos de alerta, para que cuando se produzca la liberación de un preso por
este tipo de delitos, que son los que están precisados en los artículos 119 y
120 del Código Penal, el juez de Ejecución Penal tenga la obligación de
comunicar la decisión al Ministerio de Justicia.

La iniciativa busca complementar la ley que creó el Registro
Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual y
que el gobierno nacional reglamentó días atrás, ya que esa norma incluye sólo
la información genética de los violadores, que no es pública.

La discusión sobre la puesta en marcha de un registro de
violadores cobró un fuerte impulso tras la cruel muerte de la joven entrerriana
Micaela García, violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay por un convicto
que ya había sido condenado por este delito y estaba en libertad sin haber
cumplido su pena.

A nivel provincial, este año la gobernadora María Eugenia
Vidal firmó un decreto ???avalado por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino-
que dispuso que los antecedentes de todas las personas condenadas por delitos
contra la integridad sexual dejen de ser información reservada y puedan ser
obtenidos por organismos estatales, entidades y personas que logren demostrar
un “interés legítimo”. (DIB)

 

 
 

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