enes cumplen funciones en el área de Internaciones Domiciliarias, que
la Justicia sospecha se creó específicamente para llevar adelante este fraude.
La maniobra investigada tenía como fin desviar fondos del
organismo a través de módulos que se pagaban por internaciones domiciliarias
que no se realizaban, con firmas notoriamente falsas de afiliados. En total,
entre 2013 y 2015, este tipo de movimientos generó pérdidas al Estado por un
monto de 650 millones de pesos, según estiman en la Justicia. (DIB) LA
