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24/01/2021
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El Gobierno y las entidades del campo ya discuten la reforma impositiva de 2018

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tuita de bienes. El primero grava
con un adicional a los dueños de más de una extensión de tierras, mientras que
el segundo alcanza a quienes reciben la ???donación??? o transferencia gratuita de
una propiedad. Originalmente, fue pensado para evitar maniobras que, bajo la
fachada de una donación o herencia, buscaban ocultar una venta.

Ambos tributos, creados bajo la administración Scioli, están
en la mira de las entidades desde su creación. De hecho, su eliminación fue uno
de los primeros pedidos realizados a María Eugenia Vidal.

La negativa ???o postergación- de la agenda impositiva es una
de las principales causas del malestar que hoy exhibe el agro. Así lo expresó
el titular de Carbap, Matías De Velazco, quien aseguró que ???la presión
impositiva que están aplicando sobre el sector es rayana con lo insostenible???.

???Tenemos una diferencia central con el Gobierno de Vidal y
es que mantienen un impuesto que creó Scioli, que es el Impuesto Inmobiliario
Complementario. Nosotros tenemos una gran diferencia con ARBA con respecto a la
razonabilidad de este impuesto, y este gobierno no solo lo ha mantenido sino
que ha dado un paso más allá???, advirtió el dirigente rural.

 

Revalúo

Tras el primer encuentro, el Gobierno se llevó la agenda de
reclamos del campo, aunque no fijó aún su posición al respecto. ???Recién
comenzamos las conversaciones, es muy pronto para adelantarnos en el debate???,
reconoció una fuente oficial.

En el sector están alertas ante la posibilidad de que el
Ejecutivo decida finalmente avanzar con el postergado revalúo fiscal, una
medida que iba a comenzar a aplicarse desde este año, pero que fue frenada ante
el persistente reclamo de las entidades.

De todos modos, el Gobierno sí avanza sobre un plan de
corrección de valuaciones fiscales según criterios de productividad, que por
ahora solo alcanza al 5% de las explotaciones bonaerenses, unas 15 mil partidas
sobre 300 mil existentes.

Se trata, de acuerdo a la explicación oficial, de una
actualización de partidas que no revisaron en décadas, y cuya capacidad
productiva se vio incrementada por diferentes factores (mejoras en los suelos,
construcción de caminos, capacidad ganadera, entre otros).

Las entidades consideran que esos criterios son
???tendenciosos???, y piden una extensión en los plazos para la realización de
descargos, que vence el próximo 4 de agosto. Según calculan, el revalúo
promedio sería del 20%, e impactaría en una suba del 40% del Impuesto
Inmobiliario Rural, que podría cobrarse en la última cuota anual, en noviembre.
(DIB) JG

 
 

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