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28/11/2022
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Le dictaron la prisión preventiva a Jorge Castillo, el “Rey de la Salada”

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último a su casa, ubicada en un country del partido de Luján.

Es que el dueño de “Punta Mogote”, una de las tres
ferias habilitadas que funcionan en La Salada, se resistió a los tiros cuando
los efectivos se presentaron en su vivienda e hirió en la cara a uno de ellos.

Además de los delitos que se le imputan, el juez consideró
que Castillo debe seguir detenido ante la posibilidad de que se fugue o de que
entorpezca la investigación. Lo mismo resolvió sobre sus sobrinos, Adrián y
Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta.

También continuarán en prisión cuatro efectivos: Orlando
Fasone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora; Pablo
Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de
Funcionarios, y los oficiales de la Policía bonaerense Orlando Fernández y
Héctor Esteban Peralta, alias “Taco”, quien prestaba servicio en la
Jefatura Distrital Norte del mismo partido del sur del conurbano.

Este último efectivo fue detenido el 5 de julio y se cree
que era la mano derecha de Castillo en la “Banda de los Chaqueños”,
uno de los tres grupos que se dividían el manejo de los puestos ubicados sobre
la vía pública en los alrededores de la feria La Salada.

Según los investigadores, su sobrino Adrián lideraba el
grupo conocido como “Banda de Adrián o de River” y Leonardo Farías
-uno de los prófugos- otra de las organizaciones, denominada “Banda de los
Cucos”.

Los otros imputados que seguirán presos son Eduardo Angel
Batistoni, Alfredo Javier Almirón, Maximiliano Dario Gómez, Santos Crespín
Gómez, Mauro Ariel Leiva, Alfredo Magistratti, Ariel Gustavo Monier,
Maximiliano Peralta, Raul Ernesto Ramírez, Andrés Alejandro Rivero, Francisco
Edgardo Ruiz, Rafael Alberto Sambrán, Mauricio Hernan Sequeira y Manuel Gustavo
Villalba.

En tanto, se dispuso la falta de mérito y quedaron en
libertad Luis Alberto Ramírez y Saúl Alberto Rodriguez.

Esta causa comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo
se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que
funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean
y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.

La pesquisa avanzó y se estableció que explotaban de manera
ilegal los puestos, cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en
el lugar y otros montos por seguridad, limpieza, estacionamiento, además de un
bono contribución.

Todo era realizado bajo amenazas y, en caso de que no se
pudieran concretar los cobros, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los
miembros de la organización que actuaban como “seguridad” atacaban a
las denominadas “mecheras” que descubrían robando en el predio sin
previamente “arreglar” con ellos.

Según videos que constan en la causa, a las mujeres las
llevaban a galpones, las hacían desnudar y las azotaban con cinturones.

A través de su Facebook y en declaraciones a radio La
Salada, Castillo sostuvo que esta es una “causa política” y que no
hay pruebas en su contra, pero en el allanamiento realizado en su casa se
encontraron planillas que detallaban los cobros ilegales a los puesteros.

Paralelamente a este expediente, el juez federal de Lomas de
Zamora, Federico Villena, lleva adelante una investigación por “evasión
impositiva” por la que el 22 de junio allanó el complejo Punta Mogote y
secuestró 11 millones de pesos y más de 6.000 dólares que estaban distribuidos
en diez cajas de seguridad. (DIB) 

 
 

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