alguna” por parte del gobierno ante los
requerimientos del Tribunal para la implementación de una serie de medidas para
“favorecer la mayor agilidad, transparencia y seguridad de los procesos
electorales”.
Las mismas fueron presentadas en enero, ante la falta de
sanción de la ley de reforma electoral que se debatió en 2016, y
“requerían la actuación de la Secretaría de Asuntos Políticos e
Institucionales del Ministerio del Interior”.
Entre ellas, se destacaba la creación de un nuevo mecanismo
de escrutinio provisorio que tenía como objetivo “robustecer las
herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los
resultados”, además de integrarlo como “una fase más del proceso que
dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo
Nacional y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario”
para “prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”.
Una opción similar estaba incluida en el proyecto de Reforma
Electoral que impulsó el Gobierno y que no fue aprobado en el Congreso.
Asimismo, resaltaron que “la legislación no contempla,
[…] la forma de realización, verificación y publicación del denominado
escrutinio provisorio y como ha sido práctica histórica, por razones de
costumbre, la ejecución del conteo provisional la ha asumido el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda -a través de la contratación de una empresa
privada- sin participación alguna de la justicia nacional electoral”.
“Dicha circunstancia se ha verificado una vez más pese
a que el proyecto de ley del año 2016, atribuía -entre otras facultades-
aquélla tarea a este Tribunal”, concluyeron. (DIB)
