stá a cargo de la causa.
La intervención de la fundación que presidía el sacerdote
Julio Grassi (condenado por abuso de menores ocurridos dentro de la
institución) fue ordenada por la Justicia tras hallar inconsistencias en los
libros contables y falta de información sobre el destino de uno 18 millones de
pesos que el Gobierno bonaerense enviaba anualmente. (DIB)