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08/12/2021
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CFK presentó el programa de su frente electoral, resumido en 15 puntos

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emocracia”, expresó sobre el
texto, que contiene fuertes críticas al actual Gobierno nacional y diversas
propuestas.

Los tres primeros puntos hilvanan una áspera crítica al
actual Gobierno nacional, bajo los títulos “El engaño y la estafa
electoral”, “La ruptura del Contrato Electoral” y “El
Marketing”, sobre la base de afirmar que “vino a hacer más pobres a
los pobres y más ricos a los ricos”, para lo cual incumplió promesas
electorales y luego construyó un “nuevo relato”.

El punto 4 (“Una vez más, la realidad es la única
verdad”), en la misma línea discursiva, asevera que “el marketing y
lo virtual no logran ocultar la realidad y mucho menos la verdad” y que el
Gobierno implementa un “ajuste neoliberal”, al que también define
como “un programa económico, político y social que pretenden aplicar los
grupos de poder nacionales y extranjeros para su propio beneficio”.

“En menos de un año y medio se endeudaron por casi USD
100.000 millones, más del doble de la deuda contraída por la Dictadura
Cívico-Militar”, acusa y atribuye al rumbo de la política gubernamental la
destrucción de empleos, salarios y actividades productivas, entre otras
consecuencias.

Según el punto 5 (“Persecución política: Estado y
medios”) del documento presentado hoy por la ex Presidenta, “se ha
instalado en nuestro país la persecución política a través del Estado en
articulación con los medios de comunicación” y acompañado de una disputa
“por el manejo del Poder Judicial”.

En el punto 6 (“Parar la bola de nieve del
endeudamiento externo y la “bicicleta financiera”), asegura que
“en menos de dos años los argentinos debemos casi 100 mil millones de
dólares más” y que “el Gobierno de Cambiemos reanudó un nuevo y
desenfrenado ciclo de endeudamiento externo”.

“Este es el verdadero freno a la inversión: el negocio
financiero es más rentable que cualquier inversión productiva”, argumenta
el documento y expresa en otro pasaje que “el Congreso debe evitar todo
intento de ingresar al programa del FMI”.

Luego, el punto 7 reclama “Oxígeno a las economías
regionales y a los pequeños y medianos productores agropecuarios” y el 8,
una “Justa y transparente distribución de los recursos a las Provincias,
que asegure federalismo y autonomía”, además de recrudecer la crítica a
las políticas gubernamentales.

En el punto 9 (“Algo más que corrupción: Argentina
S.A.”), sostiene que, “pese a la cobertura mediática y judicial, se
han conocido los más escandalosos casos de corrupción que involucran al
Presidente de la Nación, sus funcionarios, parientes y amigos”, sin
mencionar las causas en la que son investigados la ex jefa de Estado y ex
funcionarios de su gobierno.

En este punto, pide crear una “Comisión Bicameral que
tenga el contralor de las incompatibilidades de todos los funcionarios” y
revisar el origen de los fondos del blanqueo que no hayan sido repatriados,
entre otros puntos.

El punto 10 (“Mujer. Iguales y Vivas”) indica que
la “Argentina muestra una participación de la mujer por debajo del
promedio mundial y por debajo de las regiones más industrializadas, al tiempo
que se observa una importante brecha salarial entre hombres y mujeres que
realizan las mismas tareas”.

En este orden, pide “reformar la legislación laboral,
especialmente en igualdad salarial y la extensión de las licencias
parentales”, y también legislar “en materia de violencia simbólica y
verbal sobre la mujer” en términos que complementen a la Ley de Protección
Integral de las Mujeres sancionada en el 2009, entre otras acciones.

El punto 11 (“Derechos humanos. Argentina sin presos
políticos y sin genocidas libres”) atribuye al Gobierno nacional un
“negacionismo planificado, permanente y sistemático”, y en este contexto
alude al fallo de la Corte Suprema que por mayoría aplicó el cómputo del 2×1 a
condenados por delitos de lesa humanidad.

Respecto de la dirigente social Milagro Sala, sostiene
propiciar la sanción de “herramientas legislativas que tomen como punto de
partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas por el Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas”.

Además, considera “necesario crear por ley una comisión
bicameral de seguimiento de los juicios de lesa humanidad, con el objetivo de
no retroceder en el juzgamiento” de los responsables de esos crímenes.

En el punto 12 (“Seguridad”), afirma que “la
inseguridad ha crecido de manera exponencial y han reaparecido modalidades,
como las de las bandas de secuestradores, que habían sido eficazmente
erradicadas en la década pasada”.

Relaciona ese incremento con la situación económico-social y
propone la sanción de una nueva Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional y actualizar el marco normativo del
Sistema de Seguridad Pública, una ley-convenio de coordinación de las Fuerzas
de Seguridad Federales con las Provinciales y sancionar una ley de seguridad
democrática, entre otras medidas.

El punto 13 (“El Estado para equilibrar la balanza
entre sociedad y mercado”) apunta al debate sobre el papel del Estado y el
14 (“Apropiación privada y extranjerización de los recursos
naturales”) propone “una ley-convenio de orden público entre Nación y
Provincias en materia de preservación de patrimonio de recursos
naturales”.

En su último punto (“Integración regional productiva
para defender la soberanía”), el documento rechaza que se
“flexibilice” el Mercosur “para celebrar tratados de libre
comercio con potencias industriales mundiales”. También critica al
Gobierno nacional por “lanzar un furibundo ataque” hacia
“gobiernos populares de la región” y porque “no condenó el golpe
judicial en Brasil a (la ex presidenta) Dilma Rousseff y reconoció
inmediatamente el Gobierno corrupto y golpista de (su sucesor Michel)
Temer”. (DIB) 

 
 

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