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19:08 - 09/10/2019

Denuncian "violación estructural de DDHH en cárceles y comisarías de la provincia"

La Plata, oct 9 (DIB).- El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció esta tarde la grave situación en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante la exposición de sus informes sobre las personas privadas de libertad en las cárceles y comisarías bonaerenses, encuentro que tuvo lugar en el Salón "Nunca Más" de la Cámara de Senadores provincial, en La Plata. Presentados por Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité, los comisionados Josefina Ignacio y Gustavo Palmieri dieron cuenta de la "violación estructural de los Derechos Humanos en cárceles y comisarías de la provincia", respectivamente.

En cuanto a las cárceles, las condiciones edilicias colocan en riesgo la salud y la vida de las personas. El sistema carcelario de la provincia padece "una grave situación de sobrepoblación". Según el informe, al 30 de mayo de 2019 había 43.445 personas privadas de su libertad en unidades penales, más 1.029 en alcaidías departamentales y 1.963 con monitoreo electrónico. De ese total, el 48,79% no contaban con condena firme. El informe plantea que la declaración de la Emergencia Penitenciaria y la firma del Convenio Marco de Cooperación entre los ministerios de Justicia de Nación y provincia, mediante el cual se establecía un cronograma de traslado, no pudo completarse debido a la emergencia declarada en el Servicio Penitenciario Federal.




Por otro lado, el aislamiento o "buzón" continúa siendo "una de las prácticas más extendidas y perniciosas, ya que se afecta la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos". En las "celdas de admisión" con régimen de confinamiento las estadías superan ampliamente el mes de alojamiento. En este sentido, el Comité menciona el caso de la Unidad 2 de Sierra Chica, en Olavarría. Allí se hallaron personas privadas de libertad en celdas de aislamiento cumpliendo sanciones disciplinarias con 22 horas de encierro diario en espacios reducidos; sin luz natural, agua potable, ni sanitarios; sin acceso a las actividades contempladas para el período de tratamiento que dispone la Ley de Ejecución de Penas.

En cuanto a las muertes bajo custodia, se observa un aumento con relación a años anteriores: 119 en 2014 contra 133 de 2018. "Preocupa al Comité que en 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados como ?averiguación de causal?".

Otro punto destacado son los denominados "informes criminológicos". "Las falencias detectadas en la producción de estos informes hacen que continúe siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a los diferentes derechos que establece la ley".

En salud, los servicios de sanidad inspeccionados no cuentan con recursos humanos e insumos para la asistencia primaria de pacientes en cantidad suficiente. Respecto de la salud mental, se evidencian altos niveles de depresión, "motivados muchas veces en ansiedades específicas vinculadas al desconocimiento del estado procesal del caso que motiva la privación de libertad, incertidumbre, escasa presencia de defensores que genera sensación de abandono y desvalimiento percibido como el desamparo cruel". El Comité destaca que la gran mayoría de los entrevistados indicaron haber solicitado atención psicológica, sin éxito alguno. Sobre la alimentación, el suministro de alimentos resulta insuficiente en cantidad y frecuencia, y deficiente en calidad.

La situación de las mujeres se agrava, ya que suelen ser madres y sostén de hogar. Muchas de ellas indican haber sufrido amenazas por parte de los efectivos del SPB, "quienes amedrentan con prohibir el contacto con sus hijos/as si no se comportan de determinado modo". Respecto de la "población trans y cis", personas trans narraron distintos acontecimientos de maltrato y agresiones que padecen durante los traslados debido a su condición, como así también durante las requisas. A su vez, se verifica una sobrerrepresentación de mujeres cis y trans detenidas por infracción a la ley de estupefacientes.

La situación de las comisarías

En sus informes sobre las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) abordó también la situación en las comisarías. "La detención de personas en comisarías en la provincia de Buenos Aires representa una situación grave y estructural de violación de los Derechos Humanos, que provoca múltiples y previsibles situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes con riesgos ciertos para la vida e integridad física de las personas allí privadas de su libertad".

Según el CNPT, luego de la muerte de diez personas en un incendio en la Comisaría de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018, distintas acciones gubernamentales habían logrado reducir la cifra de personas privadas de su libertad en comisarías de 4.050 a 3.200. Sin embargo, esa reducción se revirtió y al 30 de septiembre pasado la cantidad de mujeres y hombres privadas de su libertad en comisarías volvió a superar las 4.000 personas.

El aumento de la población detenida en comisarías mantiene relación con el aumento del total de personas privadas de su libertad en la provincia, que entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 se incrementó en más de 2.600 personas (6,4%), para un total de 48.469 privadas se su libertad en dependencias policiales y penitenciarias.

De acuerdo con el informe, 176 dependencias policiales de la provincia tienen clausura judicial, número que representa más de un tercio del total de las comisarías (35,7%). Es que "estructuralmente las dependencias policiales no cuentan con la infraestructura ni los recursos humanos mínimamente necesarios para el alojamiento de personas cuando se supera el corto período de tiempo".

Las herramientas utilizadas por la Justicia, destaca el Comité, no han garantizado aún una tutela judicial efectiva. A su vez, es las visitas se pudo verificar que, si bien la prohibición de alojamiento de personas menores de edad tiene un grado de cumplimiento, no así la prohibición de alojar personas enfermas.




Recomendaciones a los poderes del Estado

A partir de su informe, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hace una serie de recomendaciones a los tres poderes del Estado.

Respecto del Poder Ejecutivo, recomienda la clausura o reparación de celdas, el suministro regular de elementos de aseo en cantidad suficiente y reparación de instalaciones eléctricas, cloacales y de agua potable y caliente. Sobre alimentación, urgente supervisión del servicio de viandas para ajustarlo a valores nutricionales y de calidad indispensable y mayor control entre lo que llega a la unidad y lo que es recibido por las personas privadas de la libertad. Sobre salud, reorganización de los servicios de sanidad y control sobre el uso de psicofármacos y el modo de administrarlos, además de implementación de programas de rehabilitación de las adicciones. En traslados, desterrar la práctica como forma de castigo o único medio de resolución de conflictos de convivencia.

Siempre dirigido al Ejecutivo, plantea establecer los cupos sobre la base de criterios generales vinculados con garantizar los estándares de habitabilidad; evitar el confinamiento en solitario por su negativo impacto en la salud mental; no construir mega cárceles o grandes complejos penitenciarios que devienen en verdaderos depósitos de personas, en sitios alejados del ejido urbano.

La progresividad, la propuesta de acceso a libertades anticipadas y la proliferación de mecanismos de control para prisiones domiciliarias son alternativas legítimas para disminuir el hacinamiento en las prisiones, según el Comité, que sobre "torturas y otros malos tratos" llama a asumir el compromiso de denunciar penalmente a los responsables y dar trámite administrativo, y prevenir los actos de tortura supervisando la tarea del personal y reforzando la preparación en materia de derechos humanos.

Por último, para los casos de "muerte en custodia", resulta indispensable Identificar las causas para trabajar en su prevención. Según el Comité, la mayor parte de estas muertes son evitables y responden a la deficiencia en el sistema de salud (en el caso de enfermedades no asistidas y suicidio).

Con relación al Poder Legislativo, deberá contemplarse el impacto de dictar nuevas leyes que supongan un incremento en la población carcelaria y contemplarse además alternativas a la prisión como forma de cumplimiento de las sanciones dispuestas. A su vez, debe reconocerse a la Justicia Restaurativa como Instrumento de resolución de conflictos sociales; brindar urgente tratamiento de una ley que fije los cupos penitenciarios y establecer plazos perentorios en los que se deban tener resueltos los planteos de las personas privadas de la libertad.

Por último, respecto del Poder Judicial, llama a hacer un uso racional del encarcelamiento, evitar la aplicación del encierro preventivo basado en estándares abstractos, evitar el encierro preventivo en delitos de escasa lesividad y en las expectativas de condenas en suspenso, como así también en personas sin antecedentes penales. A su vez, se recomienda a los magistrados escoger los mecanismos alternativos a la prisión y medidas atenuadas de encierro para personas con condenas menores a tres años de prisión; condenas por delitos tentados; mujeres condenadas alojadas con niños o en etapa de gestación; condenados que hayan cumplido más de la mitad de una condena que no supere los cinco años de prisión; condenados reincidentes que hayan cumplido más del 80% de su condena; condenados a penas que no superen los tres años de prisión; condenados por la comisión de determinados delitos, como tenencia neutra de estupefacientes; condenados de más de 60 años de edad; condenados que realicen salidas controladas para trabajar y/o estudiar; población LGBTI cuando no pueda garantizarse el adecuado ejercicio de sus derechos; personas que padezcan enfermedad y no puedan recibir tratamiento médico adecuado.

El CNPT

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un organismo estatal independiente para la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las personas privadas de libertad en cualquier institución pública, privada o mixta. Fue creado por la ley nacional 26.827, en cumplimiento de lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes de la ONU. (DIB) GML

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